El constituyente de 1991 se preocupó de manera especial por consagrar normas específicas respecto a la conservación y disfrute de un ambiente sano, de la promoción y preservación de una calidad de vida y de la prtección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales, necesarios para un desarrollo sostenible y una promoción del bienestar general. En este escenario, la Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente como ente rector de la gestión del medio ambiente y los recursos natuales renovables.Ha sostenido la Corte Constitucional que el pensamiento ecológico y las normas ambientales implican un cambio de paradigma, que obliga a repensar el alcance de muchas de las categorías jurídicas tradicionales, ya que la finalidad del derecho se amplia.