Introducción 1. El contrato de transporte terrestre 1.1. El contrato de transporte terrestre de mercancías 1.2. La forma en el contrato de transporte terrestre de mercancías 1.3. Diferencias entre el contrato de transporte terrestre de mercancías y otras figuras contractuales 1.4. La mercancía y el precio en el contrato de transporte terrestre de mercancías 2. Sujetos que pueden intervenir en el transporte terrestre de mercancías 2.1. El remitente o cargador. El expedidor 2.2. El transportista. El porteador. El concepto de transportista principal y transportista efectivo o sucesivo 2.3. El operador de transporte de mercancías 2.4. El consignatario, destinatario o receptor 2.5. El comisionista del transporte 2.6. Referencia al agente y comisionista de aduanas 2.7. El personal dependiente 3. Especial referencia al destinatario y su posición en relación al contrato de transporte terrestre de mercancías 3.1. El contrato de transporte y el destinatario de las mercancías 3.2. El artículo 369 del Código de Comercio 3.3. El deje de cuenta del porteador 4. Supuestos típicos de responsabilidad 4.1. Averías 4.2. Faltas 4.3. Retrasos 5. La presunción de culpabilidad 6. Inicio y término de la responsabilidad 7. Obligaciones de los partícipes en el transporte. Consecuencias indemnizatorias derivadas del incumplimiento 7.1. Obligaciones del porteador 7.2. Obligaciones de otros intervinientes en el transporte 7.3. Las obligaciones de otros porteadores 7.4. La responsabilidad de los operadores del transporte 7.5. Responsabilidad del comisionista de transporte 7.6. Responsabilidad del agente de transporte y del transitario 7.7. Responsabilidad del almacenista – distribuidor 7.8. El personal dependiente 7.9. Obligaciones del destinatario 8. La responsabilidad solidaria entre los intervinientes en el transporte 8.1. Fuente de la solidaridad 8.2. Características 8.3. La responsabilidad contractual y extracontractual. La posibilidad de concurrencia de ambas clases de responsabilidad 8.4. La acción de regreso. Requisitos para su ejercicio 9. Causas que exoneran de responsabilidad 9.1. Caso fortuito y fuerza mayor 9.2. Reclamación por el estado de las mercancías y pago de los portes 10. Referencia a las acciones judiciales entre los partícipes en el transporte terrestre de mercancías 10.1. Posibles acciones judiciales entre los partícipes en el transporte terrestre de mercancías 10.2. Sobre la caducidad y la prescripción de las acciones 11. Cuestiones procesales 11.1. La Ley Procesal española. La jurisdicción y la competencia (funcional, objetiva y territorial) 11.2. Referencia a la acumulación objetiva y subjetiva 11.3. Legitimación activa y pasiva. El litisconsorcio. La intervención procesal sobrevenida 11.4. En relación a las diligencias preliminares 11.5. De las medidas cautelares 11.6. Sobre el procedimiento 11.7. La problemática de la prueba en relación a las averías, faltas y retraso 11.8. Efectos de la sentencia. Cosa juzgada. Consecuencias del fallo judicial condenatorio respecto de los codeudores solidarios 12. El arbitraje de transporte 12.1. Introducción 12.2. El arbitraje de transportes 12.3. El objeto del arbitraje 12.4. La renuncia al arbitraje de transportes 12.5. Las Juntas Arbitrales y sus competencias 12.6. El procedimiento arbitral 12.7. Ventajas e inconvenientes del arbitraje 13. Hacia un modelo de contrato de transporte terrestre de mercancías

El transporte de mercancías es una actividad socioeconómica trascendental. Las actividades de transporte y comunicación constituyen actualmente algunos de los principales motores de la economía. Hoy en día no existe sistema económico que no se sustente en la comunicación de las ideas, pero también en el transporte de personas y de las mercancías. El transporte terrestre de mercancías reviste mayor importancia que otros medios de transporte. El transporte marítimo o aéreo no podría completarse y ultimarse sin el terrestre. Sin embargo, el transporte terrestre puede existir de forma independiente, pues no le es imprescindible el marítimo o aéreo. En relación a las mercancías, son numerosos los conflictos que se originan por las averías, faltas y retraso con ocasión de su transporte, con cuantiosas pérdidas para los intervinientes en la cadena de transporte y, lógicamente para los interesados en la carga. El objeto de esta obra lo constituye el análisis de los preceptos del Código de Comercio y de la orden ministerial que regulan la responsabilidad civil derivada de las averías, faltas y retraso en el transporte terrestre de mercancías.
Además de la normativa de aplicación, se comentará la evolución jurisprudencial en esta materia. Se tratará únicamente el transporte terrestre de mercancías, por lo que no serán objeto de este estudio otras clases de transportes, como el marítimo, regulado por la Ley de transporte marítimo; ni el aéreo, regido por la Ley 48/1960 de 21 de julio, de navegación aérea; ni el ferroviario, regulado por la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del sector ferroviario, desarrollada por el Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre. Asimismo, nos referiremos al transporte por carretera en el ámbito nacional o interno, excluyendo el transporte internacional, si bien cuanto se diga en este trabajo será de aplicación a la fase del transporte internacional que discurra por carretera dentro de nuestro país.

Queda igualmente al margen la normativa que regula los requisitos administrativos para el ejercicio de las actividades relacionadas con el transporte, como la obtención y renovación de las autorizaciones administrativas o el procedimiento sancionador.

Se hará un somero análisis de todos los sujetos que pueden participar en el transporte terrestre de mercancías, porque será necesario para analizar sus eventuales responsabilidades.

Habrá una breve referencia a la mercancía, así como a los portes y a los gastos del transporte, a las acciones legales y los requisitos para su ejercicio. Se ha intentado ofrecer una visión jurídica, pero también práctica de la problemática de la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del transporte terrestre de mercancías, de tal manera que pueda constituir una modesta ayuda, tanto a los profesionales que deban dar solución legal a problemas jurídicos puntuales, como a los distintos profesionales y empresarios del sector, a cuyo esfuerzo se dedica también este trabajo.